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¿Generan nuestras cárceles mayor seguridad? En entrevista con El Financiero el viceministro de Justicia Marco Feoli se refiere al último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acerca de los costos de la criminalidad en Costa Rica y en la región latinoamericana.
En reciente estudio del BID calcula los costos de la criminalidad en Costa Rica en un 3,48% del Producto Interno Bruto, una cifra de casi el doble de lo que gastan otros países desarrollados como Reino Unido o Alemania.
Sin embargo, el país también gasta más que el promedio regional en sus cárceles, generando pérdidas de más de medio punto del PIB en la administración de sus cárceles y en los costos de oportunidad que implica privar de libertad a personas que pueden trabajar. EF conversa sobre este tema con el viceministro de Justicia, Marco Feoli.
(Esta breve entrevista se publica en el marco del artículo Criminalidad cuesta a Costa Rica el doble que a países desarrollados)
¿Generan nuestras cárceles más seguridad?
Es falsa la promesa de que la prisión genera más seguridad. Cuando se elevó la pena máxima de 25 a 50 años se hizo con esa idea y, veinte años después, la delincuencia y la violencia se siguió dando. Eso, en realidad, solo traslada un gasto adicional al Estado: tenemos el doble de la población penal que en los noventa. Al final eso lo pagamos todos: la cárcel no es gratuita.
¿Qué opciones existen, entonces, además de la cárcel?
Hay que apostar por otras medidas. El Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley, que ya pasó a Plenario, para permitir que haya penas de utilidad pública, que hoy solo se aplican a dos delitos. La reforma propone estas penas para delitos no violentos de cinco años o menos, que no sean graves. Cuando hicimos el estudio, había 2.000 personas de las 13.500 que hay que podrían calificar a este tipo de penas de utilidad pública. Está demostrado que el solo hecho de encerrar a una persona en la cárcel puede generar efectos en su salud mental: hay que ser cuidadoso al usar la cárcel en la mayoría de delitos.
Perdemos más de medio punto del PIB por los costos de imponer una prisión. ¿Imponer un trabajo al delincuente reduciría nuestros costos?
El aumento de las penas de cárcel tiene un impacto económico: tenemos menos gente produciendo. De esas 2.000 personas que mencioné (a las que se podrían haber impuesto penas de utilidad pública) 1.600 tenían menos de 35 años. Están en su edad más productiva. Imagínese el conflicto social cuando se mete a la cárcel a gente en su edad más productiva y que, cuando sale, ha perdido sus años más valiosos, con más dificultades para obtener un empleo.
¿Qué otras acciones están aplicando, mientras tanto?
Ahora estamos terminando de construir con un préstamo del BID tres cárceles nuevas que van a disminuir el hacinamiento. Pero esto en cinco años va a estar igual otra vez. Las cárceles se van a seguir llenando en tanto no cambiemos el modelo punitivo. No todos los delitos merecen una pena privativa de libertad.
