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La Contraloría frenó el contrato de ampliación de la refinería de Moín con China, que realizaría la empresa Soresco, porque la empresa HQCEC que realizó el estudio de factibilidad tiene relación con la petrolera china Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC), lo cual es prohibido.
Asi informó la Contraloría en el oficio DFOE-DI-1409, en el que ordenó a la Junta Directiva de Recope abstenerse de utilizar el estudio de HQCEC y cualquier otro que se basara en este, para realizar acciones vinculadas con la modernización de la refinería.
El proyecto, estimado en $1.500 millones, tenía más de cinco años de avance, e incluso Jorge Villalobos, presidente ejecutivo de Recope, estimaba que se podía firmar en un par de meses, en caso de recibir un aval de un estudio que prepararía una universidad estatal.
Las repercusiones de esta información provocaron que Villalobos anunciara su renuncia de la dirección de Recope al iniciar la tarde, según diferentes noticieros periodísticos.
Esto se estrelló con el estudio del ente fiscalizador, realizado por el área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría. El reporte considera que la rentabilidad del estudio podría estar sobreestimada, porque no se incluyeron los costos pertinentes para la refinería, y el estudio de factibilidad no incluyó un análisis de riesgos con las características exigidas por el contrato.
Además, el estudio de mercado no considera el mercado costarricense, ni se analiza el modelo de regulación y el modelo tarifario dentro de las proyecciones.
"De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que las debilidades expuestas en relación con el estudio de mercado y la evaluación económico financiera del Estudio de Factibilidad presentado por la empresa HQCEC, es criterio de esta Contraloría General que dicho Estudio no cumple con el objetivo de demostrar la rentabilidad esperada del Proyecto y de la Refinería, según las reglas de las ciencias económicas y las sanas prácticas, y a lo establecido en el Acuerdo de Empresa Conjunta", dice el informe.
Se trata de demasiadas fisuras para un proyecto que ha enfrentado fuertes críticas y en el cual el Gobierno ha invertido $50 millones en estudios previos. Fue una de las estrellas que heredó la administración de Óscar Arias, que firmó el acuerdo inicial de la alianza con CNPC en octubre del 2007, y que dio paso en el 2009 a Soresco, la empresaconjunta de Recope y CNPC, y ya en el 2011 la Junta Directiva autorizó la ampliación.
El tema se aceleró durante la visita del presidente de China XI Jinping en junio, y fue la obra que más recursos aportaba a la asistencia de la potencia asiática: un crédito por $900 millones permitiría arrancar con el proyecto.
Empero, los reclamos de sectores amenazana con convertir la ampliación en un nuevo escollo para el gobierno, similar a la ampliación de la carretera a San Ramón, donde Presidencia tuvo que poner una marcha atrás de emergencia ante los reclamos populares en el contrato.
Minutos antes, ante Noticias Monumental, la presidenta Laura Chinchilla declaraba que si no se aclaraban las dudas de este multimillonario proyecto, no convenía avanzar en él. Sin embargo, la magnitud de los señalamientos de la Contraloría y el escaso tiempo que la resta a la actual administración hacen suponer que difícilmente se podrá concretar en esta gestión, y en el mejor de los casos, se deberá heredar al siguiente gobierno.
