¿Cómo trabajaron los diputados? Analizamos más de 200 votaciones de esta Asamblea Legislativa

EF revisó los registros de votación del Congreso entre mayo de 2022 y el 9 de abril de 2024, y logró determinar que solo el 16% de las leyes aprobadas por los congresistas en ese período registraron al menos un voto en contra. En otras palabras, más de ocho de cada 10 votaciones en segundo debate fueron unánimes, sin discusión alguna, en el momento final de la votación.

En total fueron solo 33 de 205 los proyectos que suscitaron algún tipo de división hasta este momento: una cifra baja y cuyo detalle no incluyó grandes reformas estructurales. Siguiendo parámetros similares a los que suele emplear el Programa Estado de la Nación (PEN), EF determinó que solo 40 de los 107 proyectos aprobados en la segunda legislatura, hasta el 9 de abril, fueron de legislación sustantiva; una cifra similar a los 36 de 98 que el PEN estimó en el año pasado.

Esta situación contrasta con la de los primeros dos años del cuatrienio pasado, en los cuales los diputados tramitaron iniciativas como la reforma fiscal o la ley para regular las huelgas del sector público, luego de acaloradas discusiones y con múltiples votos disidentes. Los primeros dos años suelen ser determinantes para el legado de cualquier conformación legislativa costarricense, pues aún se ven de lejos las nuevas elecciones nacionales y quienes recién fueron electos suelen gozar de un mayor respaldo ciudadano.

¿Cuáles fueron los pocos temas que generaron división en las votaciones del Plenario Legislativo durante los primeros dos años del actual cuatrienio y cuáles proyectos de peso avanzaron sin oposición alguna? Estas fueron las principales iniciativas de la discordia en Cuesta de Moras hasta ahora, así como los temas difíciles de tramitar que más bien no enfrentaron oposición alguna.

Economía: el punto de quiebre

La mayoría de las 33 leyes que se aprobaron a pesar de tener algún tipo de oposición en el Congreso se relacionaron con temas económicos: principalmente presupuestarios, tributarios y de aplicación de la regla fiscal para contener el gasto público.

Uno de los más recordados de este bloque de iniciativas fue la que reformó parcialmente el Impuesto sobre la Renta para sacar a Costa Rica de la “lista negra” de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea (UE). Este proyecto se aprobó con 29 votos a favor y 16 votos en contra en su segundo debate: el mayor registro de votos negativos de cualquier expediente convertido en ley hasta este momento de la actual administración.

La iniciativa fue objetada por los diputados del Frente Amplio (FA), los legisladores oficialistas y el liberacionista José Joaquín Hernández; quienes consideraron que la redacción de la enmienda añadió una exoneración innecesaria del gravamen en favor de las ganancias generadas por inversiones en el extranjero a través de capitales originalmente obtenidos en suelo costarricense.

La oposición a este proyecto fue tal que el Gobierno de la República intentó vetarla; sin embargo, finalmente la ley fue resellada por los diputados con 38 votos. Esa votación incluyó a la oficialista Luz Mary Alpízar, la cual cambió de criterio para disgusto del presidente Rodrigo Chaves, quien la calificó de “traidora”, en uno de los episodios de confrontación política más recordados de este cuatrienio.

Una situación similar había pasado con el proyecto de ley para exceptuar al sistema 911 de la aplicación de la regla fiscal, al inicio de este período constitucional. Este proyecto también fue objetado por los diputados oficialistas y luego fue vetado por el Gobierno, pero igualmente se convirtió en ley por la vía del resello.

Esa reforma fue una de las tres modificaciones a la regla fiscal que tuvieron algún tipo de oposición en el Congreso, aunque finalmente se votaron favorablemente. Las otras dos no fueron objetadas por la representación de Gobierno sino por los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), incluida una que excluyó de la aplicación de esta norma de contención del gasto público a varias entidades, incluidas el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En términos generales, no se registró división sobre proyectos de mayor calado o reformas estructurales al aparato público costarricense.

En gran medida esto pudo deberse a que la conformación actual de la Asamblea se ha mostrado “renuente” a avanzar con grandes discusiones pendientes, según observó el politólogo del Centro de Investigación y Estudios Económicos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), Ronald Alfaro.

“La reforma educativa; la reforma de la seguridad social; la reforma a los asuntos de seguridad ciudadana, más allá de los asuntos de la situación de los homicidios; temas ambientales; el agua potable; cómo transformar a las instituciones para que resuelvan necesidades claves de la gente en temas como salud, vivienda, agua potable o residuos sólidos..., ¿quién está discutiendo sobre esto ahora?”, se preguntó.

Otros temas

Aparte de la reforma de renta para excluir al país de la “lista negra de la Unión Europea, hubo otros dos proyectos de corte fiscal que suscitaron divisiones durante su votación final en Cuesta de Moras.

Los diputados de gobierno también votaron en contra una ley que exoneró del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por considerarlo una vía inadecuada para atender los problemas de inseguridad del país; mientras que los diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Nueva República (PNR) rechazaron el texto para eliminar el Impuesto sobre la Venta de Cerveza Importada.

Otro de los proyectos que suscitó algún tipo de división en el Congreso en estos últimos dos años fue la polémica ley que que, entre otras cuestiones, extendió por un año más la vida útil de los autobuses de 2007 y 2008. Este fue rechazado por la fracción del Frente Amplio y la liberacionista Andrea Álvarez.

Estas iniciativas, sin embargo, tampoco correspondieron a grandes discusiones de fondo, sino reformas menores.

La analista política Kattia Benavides considera que esta dinámica tiene lógica si se considera que el Gobierno ha tendido deliberadamente a alejarse de la Asamblea Legislativa para buscar sus objetivos.

“Si uno revisa cuáles eran los compromisos del partido de Rodrigo Chaves”, explicó, “uno ve que no se está reflejando en la construcción de la política legislativa, sino que lo está haciendo por medio de decretos ejecutivos. Esto hace que la discusión se centre en el Poder Ejecutivo y no en el Poder Legislativo”, describió.

Benavides, al igual que Alfaro, dice ver renuencia por parte de los diputados y del Gobierno a discutir sobre temas más complejos y, entre sus hipótesis, señala la tensión entre el presidente Chaves y su gobierno con el Congreso.

“Hay ataques. Es un escenario en el que ‘cuando no coincido, te ataco’”, mencionó. “Incluso se podría decir que puede haber algo de autocensura, un ‘mejor no toco el tema’. El gobierno mueve lo que puede por decreto, porque el discurso del presidente habla sobre una gran tardanza cuando se resuelven los temas por medio de la Asamblea y construir viabilidad política para una administración con solo ocho diputados es aún más complicado”, señaló.

Algunas de las divisiones que se presentaron en las votaciones de los últimos dos años se produjeron en torno a proyectos cuyas consecuencias se podrían considerar casi insignificante.

Entre ellos, hubo divisiones sobre un proyecto que realizó modificaciones a los traslados de feriados a días lunes (el cual acumuló votos negativos de diputados de hasta cuatro bancadas, pero igualmente pasó su segundo debate) o sobre la declaratoria del colibrí como símbolo nacional (a la cual se opuso el diputado de gobierno Manuel Morales, quien ha planteado la necesidad de regular mejor la creación de este tipo de distinciones).

Financiamientos con vía libre

A pesar de que reformas de peso pretendidas por el Poder Ejecutivo como el establecimiento de un sistema de renta global, las reformas de varias instituciones públicas o la venta del Banco de Costa Rica (BCR) no han avanzado suficiente durante los primeros dos años del cuatrienio, el Gobierno sí logró la aprobación unánime en el Congreso de algunos expediente que en otras circunstancias pudieron haber vivido un trámite mucho más complejo.

Entre ellos, consiguió el visto bueno para dos expedientes de endeudamiento externo cuyos montos superaron los varios cientos de millones de dólares.

El primero de estos expedientes fue la autorización para emitir hasta $5.000 millones en títulos de deuda externa durante tres años; mientras que el segundo fue un crédito por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para restaurar infraestructura en riesgo como puentes, carreteras y escuelas.

Estas aprobaciones contrastan con la actitud de los diputados del cuatrienio anterior. Ellos apenas le giraron un permiso al gobierno de entonces para acceder a $1.500 millones en eurobonos y dejaron vencer un contrato por $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El crédito externo, sin embargo, es un asunto más operativo que de reforma estructural para el Estado.

Para Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) es indudable que el reglamento legislativo abre múltiples ventanas de discusión para lograr acuerdos en el Congreso y que las votaciones finales sean más o menos unánimes; sin embargo, también es cierto que el estilo del actual Gobierno y de los actuales diputados implica un menor espacio para discusiones mayores en el Congreso.

“Este año hay que enmarcarlo en el estilo de alta conflictividad de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también en el estilo de alta conflictividad entre la fracción oficialista y las bancadas de oposición”, explicó. “Esto podría redundar en una menor producción de leyes y las razones podrían ir desde un vaciamiento de la agenda legislativa por el ciclo de hiperproducción del período pasado o un trabajo más trabado en comisiones. Definitivamente ha habido una motivación política de no atizar o de no agregar más elementos conflictivos a la discusión, e invertir el escaso tiempo disponible en los pocos proyectos o temas en los que hay acuerdo”, remarcó.